El conflicto entre Lácteos Vidal S.A. y la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) —iniciado con bloqueos en la planta de Moctezuma y en una sede porteña en 2022— mantiene una intensa tramitación judicial en dos carriles:
- el fuero laboral, con órdenes de reincorporación, astreintes (multas diarias), embargos millonarios y recursos judiciales cruzados;
- y el fuero penal, con imputaciones a dirigentes sindicales por presuntas conductas delictivas durante las protestas.
Abajo se documenta la cronología separada por fueros y con referencias precisas.
I. Fuero laboral — decisiones, astreintes, embargos y recursos
Órgano / juez:
Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 69 — juez José Ignacio Ramonet
1) Reincorporaciones y astreintes
El conflicto comenzó en julio de 2022 con un prolongado bloqueo sindical a la planta de Lácteos Vidal en Moctezuma, que derivó en despidos y en una demanda judicial de ATILRA por reincorporaciones.
- En respuesta, la Justicia laboral ordenó reinstalar a los trabajadores despedidos y fijó astreintes —multas diarias— por el incumplimiento de esas órdenes.
- Estas astreintes, que en origen se calculaban en $10.000 diarios por trabajador, fueron actualizadas por el mismo juzgado hasta cerca de $50.000 diarios por trabajador, elevando considerablemente las cargas acumuladas.
2) Embargos millonarios y vaivenes procesales
En junio de 2025, una resolución ejecutiva ordenó un embargo preventivo sobre los fondos de Lácteos Vidal por $167–168 millones, producto de las astreintes acumuladas, intereses y costas procesales —con orden al Banco de la Provincia de Buenos Aires de congelar cuentas hasta cubrir esa suma.
- La empresa calificó la medida como arbitraria y fuera de tiempo, alegando errores en el cálculo y cuestionando la proporcionalidad del embargo.
- Pocos días después, en julio de 2025, el mismo juzgado ordenó suspender temporalmente ese embargo millonario mientras se analiza la impugnación presentada por la empresa.
3) Embargos por montos alternativos
Además del embargo gigante inicialmente dictado, el juzgado también ordenó embargos adicionales por unos $47 millones, producto de astreintes ejecutorias por no realizar los depósitos liquidados por los trabajadores beneficiarios.
4) Denuncias cruzadas
Frente a estas medidas, Lácteos Vidal denunció judicialmente a los magistrados que ordenaron el embargo por $168 millones ante el Consejo de la Magistratura, acusando falta de imparcialidad y presuntas irregularidades en la tramitación del expediente.
5) Otros movimientos en el proceso
En paralelo, el juzgado también impidió la división societaria de la empresa —como pretendía Lácteos Vidal para reorganizar su estructura patrimonial entre herederos— bajo el argumento de que podría afectar los derechos en litigio.
II. Fuero penal — imputaciones y avance de la investigación
Órgano / fiscalía:
Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 26 (CABA) — fiscal Luis Aranudo
1) Naturaleza de la investigación
El Ministerio Público Fiscal imputó a dirigentes de ATILRA por presuntos delitos tales como desbaratamiento de empresa, amenazas, coacción y compulsión a la huelga, bajo la hipótesis de que las medidas desplegadas durante los bloqueos de 2022 excedieron el derecho de huelga y provocaron un perjuicio económico concreto a Lácteos Vidal.
La fiscalía estimó que los hechos investigados tuvieron lugar entre el 18 de julio y el 16 de septiembre de 2022, afectando tanto la planta de Moctezuma como la sede en CABA.
2) Sindicalistas imputados
La fiscalía imputó formalmente a ocho dirigentes y delegados de ATILRA, entre ellos:
- Heber Ríos — secretario general de la Seccional General Rodríguez
- Sergio Raúl Longo — subsecretario ATILRA Seccional Trenque Lauquen
- Gastón Emilio Moreno — secretario general Seccional Trenque Lauquen
- Franco Marcelo Yedro, Cristian José Martín, Diego Armando Alarcón — vocales
- Rafael Alberto Ale — delegado en Lácteos Vidal
- Ariel Sánchez — secretario gremial
La imputación sostiene que las ocupaciones y bloqueos fueron coordinados, con participación de personas que no eran trabajadores de la empresa, e incluyeron actos de intimidación hacia el personal para impedir el ingreso y egreso de mercadería.